Ya sabemos en que consiste. En la solicitud de un Estado a otro de la entrega de un sujeto para su Instrucción o para el cumplimiento de una condena en ese país. En España este procedimiento es mixto aunque que cuenta con fases administrativas y judiciales.

Si el país requerido acepta la solicitud de extradición, se inicia un proceso justo en el que se determina si el individuo debe ser entregado al país solicitante.

Sin bloqueo, es importante resaltar que la valor final sobre la procedencia de la extradición por delitos políticos recae en los tribunales y autoridades competentes.

Más allá de una simple orden de búsqueda y captura, la extradición es una actividad supranacional que implica un conjunto de gestiones legales para pedir a un Estado la entrega de una persona, sin embargo sea para someterla a juicio o para hacer efectiva una condena firme, tal como se regulan en los artículos 824 a 833 de la Condición de Proceso Criminal (LECrim).

El principio de especialidad establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos específicos por los cuales se solicitó su extradición.

Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de arbitrio en su cargo mayor o a una pena más published here bajo.

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El principio de limitación establece que la extradición no se concede para el enjuiciamiento de delitos de carácter político o militar. Esto significa que si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado político o marcial, la solicitud puede ser denegada.

Para saber si procede o no la extradición, se debe acudir a los Tratados Internacionales en cuyo circunscripción se halle el presunto delincuente, en defecto se aplicará el derecho consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición y subsidiariamente, se aplica el principio de reciprocidad.

Condena en partida o en rebeldía: un Estado podrá repeler una petición de extradición para la ejecución de una condena si estima que la sentencia condenatoria del otro Estado no ha respetado los derechos mínimos de defensa de los que gozan todos los acusados, por lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley de Extradición Pasiva.

Si la extradición debe pedirse por conducto al Ministro de Gracejo y Justicia, le será remitido el suplicatorio y certificación a través del Presidente de la Audiencia respectiva.

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Este tipo de delitos suelen trascender las fronteras nacionales y son considerados de específico importancia en la cooperación internacional en materia penal, por lo que la extradición puede aplicarse en estos casos.

entrega de un presunto criminal generalmente bajo las disposiciones de un tratado o estatuto por una autoridad (como un Estado) a otra que tiene jurisdicción para arbitrar el cargo